En el ejercicio de la actividad profesional entran en juego diversos derechos que afectan de forma grave y directa a los consumidores y usuarios, pacientes y clientes. Es necesario, por tanto, que tal ejercicio de las profesiones esté bajo la ordenación y el control de un órgano autónomo e independiente con el fin de velar por la prevención y defensa de algunos de los más relevantes valores constitucionales de los ciudadanos (salud, seguridad, medio ambiente, patrimonio y su administración).

En este marco garantista del Estado constitucional moderno aparece la necesidad de determinar los campos de atención normativa, como así hizo nuestra Constitución, en su artículo 36, cuando se refiere a que la Ley regulará el ejercicio de las profesiones tituladas.