El Gobierno aprobó el pasado martes una batería importante de medidas, reguladas en el
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias, para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Una de ellas está dirigida a los trabajadores autónomos, que han visto mermada o incluso paralizada su actividad como consecuencia de la expansión del Covid-19 y del consecuente cierre de sus negocios, indicando lo siguiente:
1) Se implanta esta prestación extraordinaria siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el
Real Decreto 463/2020, acreditar la reducción de su facturación en el mes anterior de al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.
c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas.
2) La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora de esta prestación. Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación (12 meses), la cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización. Es decir, un trabajador que, como la mayoría, cotice por la base mínima, de 944,40 euros al mes en 2020, su prestación por cese de actividad durante este periodo será de 661,08 euros.
3) La prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración de un mes desde el 14 de marzo, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
4) La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.
5) Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda.
